EL COSTO POLÍTICO DE LA NOVENA MARCHA DEL TIPNIS

La novena marcha indígena por la Tierra y el Territorio y en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) partirá el miércoles 25 de abril en la localidad de Chaparina en Yucumo, zona de los Yungas, sitio de gran valor emblemático para los indígenas de tierras bajas y para todos los bolivianos debido a los violentos acontecimientos del pasado 25 de septiembre, cuando los marchistas del TIPNIS fueron duramente reprimidos por efectivos policiales en un evento que hasta el día de hoy no presenta un esclarecimiento final sobre el verdadero rol de las autoridades nacionales en ese caso en particular.

Actualmente en el país se viven una serie de conflictos sociales de orígenes sectoriales, pero que sumados generan un gran escenario de conflictividad nacional: El paro laboral del sector salud, las medidas de presión de los maestros, el pedido de incremento salarial expresado por la Central Obrera Boliviana (COB), los conflictos entre transportistas y Municipios, además del conflicto de límites que no logra una solución final entre Oruro y Potosí y de la distribución de regalías entre Chuquisaca y Tarija más otros bloqueos y enfrentamientos esporádicos en diferentes puntos del país, generan una complicada antesala al inicio de la marcha de quienes lograron el año pasado, en mayor o menor medida, unificar al país en torno a su pedido, el detener el avance en la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, evento que marcó la peor derrota política de los siete años de gobierno del presidente Morales.

Se conocen de sobremanera los antecedentes del porqué de la octava, de la aprobación de la Ley 180 donde se declara intangible al TIPNIS y de la hábilmente dirigida marcha del Conisur que llegó a La Paz logrando otra ley que permita un proceso consultivo que evidentemente se da a destiempo y como respuesta política del Gobierno a sus bases humanas más férreas, mismas que según el propio Presidente, son quienes exigen el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas para el sector salud en general. Se sabe que quienes participaron en los encuentros de diciembre de 2011 y de enero pasado eran grupos sociales afines al partido de gobierno, lo cual no está prohibido, pero sí deslegitimiza de alguna forma los acuerdos pautados previamente por los organizadores.

Es mi hipótesis en el caso del conflicto de salud, que la decisión del Gobierno, a través del ministerio del ramo, se debe en parte a una necesidad de congraciarse con algunos sectores sociales que aportan gran apoyo de voto popular y que no se pensó en las consecuencias de exigir una jornada laboral de ocho horas sin que sea correctamente remunerada y reconocida tal y como lo expresa la Ley General del Trabajo. Sí es valedero y muy justo el pedido de mayor atención médica para toda la población, pero el exigir que se trabaje más sin los beneficios reconocidos por ley arguyendo que hay médicos que reciben sueldos mayores a los 14 mil bolivianos es caer en un autoengaño. No son todos los médicos a quienes se les paga ese sueldo, hay especialistas con más de 15 años de experiencia que atienden un promedio de seis pacientes por hora en diferentes centros de salud y que perciben menos de cuatro mil bolivianos. El grupo que gana sueldos fabulosos no llegará ni al 30 por ciento del total del país y es la mayoría quienes deben tratar con el exceso atención de pacientes por hora, falta de insumos y de infraestructura en algunos casos. Este es un problema serio que sí debe ser atendido pero es una mala política social el querer imponer una medida no consensuada e injusta bajo una débil excusa como la de los “sueldos fabulosos” y una tozudez política, además de que fue el propio Ministro de Economía quien confirmó que no existen los fondos para incorporar a los médicos a Ley General del Trabajo, entonces, ¿con qué cara se pide trabajar más sin recibir lo justo?

El actual nivel de conflictividad presente en el país genera un alto nivel de estrés social que predispone a mayores expresiones de disconformidad humana, hacemos votos para que no se utilice la violencia como válvula de escape colectivo de alguno de los sectores o de todos.

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