El conflicto suscitado durante el pasado 2011 por la construcción de la carretera que plantea cruzar el parque nacional Isiboro Sécure (reconocido a través del decreto Ley 07401 de 1965) hasta la población de San Ignacio de Moxos para lograr así unir a través de una línea recta a los departamentos de Cochabamba y Beni generó polémica social en toda Bolivia, la cual no dictó aparentemente un punto final en este drama nacional que arrastra a más de uno de los actores político y sociales de alto perfil del nuevo Estado plurinacional, sin mencionar a la población en general.
Las consecuencias de la toma de decisiones del sector gobernante en esta temática en particular desencadenó en la pérdida no solo de la popularidad presidencial, sino también de cierta legitimidad ante la población que eligió al Movimiento Al Socialismo (MAS) como el partido político aglutinante de las justas demandas indígenas en el país, además el presidente Evo Morales perdió su posicionamiento como referente mundial de conservacionismo medioambiental.
Para comprender las dimensiones y las consecuencias de este hecho debemos hacer una retrospectiva de momentos clave que desencadenaron en dos eventos que definen el actual escenario de choque de fuerzas políticas, indígenas, sectoriales, sindicales y dirigenciales dentro la temática TIPNIS: La iniciación de la octava Marcha indígena por la defensa de la Tierra y Territorio y la represión policial hacia la misma por parte de los efectivos policiales.
La Marcha indígena y sus antecedentes
Previa a la Marcha indígena del 2011, otras siete similares se llevaron a cabo para solicitar en diferentes oportunidades el respeto y la participación de los indígenas en la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. Fue la Marcha indígena de 1990 la que logró la definición del parque Isiboro Sécure como territorio indígena de los pueblos moxeño, yuracaré y chimán a través del decreto supremo 22610 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. En 1992 son definidas las llamadas “líneas rojas” las cuales marcan los límites para los asentamientos humanos dentro el parque, se delimitó además los territorios que serían ocupados por los pueblos nativos originarios y los colonos emergentes en la zona, un sector mayoritariamente cocalero. Esta delimitación fue realizada por el entonces líder de la subcentral Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Marcial Fabricano y el entonces máximo líder de los cocaleros del Chapare, Evo Morales.
Con el ascenso al poder del MAS se abrió la posibilidad de favorecer con la promulgación de leyes y la toma de decisiones de sectores sociales que no estaban aceptados en el entorno político nacional, es así que se ve en la conformación del Parlamento nacional de 2006 la mayor representación de los nuevos actores políticos nacionales que venían de aquellos sectores otrora marginados: los indígenas. Es con la conformación del nuevo Estado Plurinacional y la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado que estos sectores son fortalecidos política y sectorialmente, tanto en el occidente como en oriente del país. Pero es evidente algo más, el mayor grado de fortalecimiento de algunos sectores indígenas por sobre otros. Durante el 2010 surgieron ya las denuncias del traspaso de las líneas rojas en el TIPNIS por parte de grupos de cocaleros que establecieron campamentos al interior del parque para la siembra de la hoja de coca, inmediatamente surgieron algunos enfrentamientos aislados entre los cocaleros y los pobladores originarios del lugar, los indígenas del TIPNIS. Estos incidentes fueron parcialmente resueltos pero desnudaron una dura realidad; el sector cocalero necesita de mayores terrenos de cultivo de coca y ve como necesario su internación en el TIPNIS.
Paralela a esta situación, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) recibió durante el primer periodo de gobierno del MAS la tarea de mejorar y ampliar la red vial de carreteras a nivel nacional dentro la política estatal de hacer de Bolivia un eficiente corredor bioceánico y de interconexión departamental. Pero es evidente que se priorizan algunas rutas por sobre otras, dentro la lógica de lo inmediato por sobre lo necesario propia de un programa estratégico que necesita captar mayores ingresos para el país y el Estado. Durante el año 2008 La Directora de la ABC, Patricia Ballivián, anuncia la firma de un contrato bajo el sistema “llave en mano” entre el Estado boliviano y la empresa brasilera OAS para construcción de la carretera que unirá a los departamentos de Cochabamba y Beni, la cual pasará por medio del parque nacional Isiboro Sécure, partiendo desde Villa Tunari en la zona del Chapare hasta la población de San Ignacio de Moxos. La razón que da la ABC para cruzar el TIPNIS es que no existe otra alternativa económicamente viable para bordear el parque y que las poblaciones indígenas aceptaron la construcción de esta vía ya que la misma les permitirá acceder a beneficios difíciles de encontrar en el parque: Salud y educación principalmente.
Las reacciones contrarias a la construcción de la carretera fueron inmediatas y progresivas durante el 2010, la Subcentral TIPNIS a través de su máximo dirigente, Pedro Moye, rechazan la construcción por la afectación directa a su territorio y a su estilo de vida, además de la denuncia de la no consulta previa, reconocida en la nueva CPE, para la toma de decisiones que afecten o beneficien a los Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
El año finaliza con un evento que de alguna forma marcó el inicio de una dura política adoptada por el Gobierno frente la pérdida de capital monetario destinado a las subvenciones, el llamado Gasolinazo que fue un primer momento de descontento social generalizado contra el Ejecutivo por la evidente priorización de aspectos de cálculo político antes que el asumir difíciles decisiones que tendrán un evidente costo en la imagen popular.
Fue durante el 2011 que la temática de construcción de la carretera cobró fuerza y se transforma en un conflicto nacional. El Gobierno inicia la construcción de los tramos I y III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y reafirma su postura de iniciar las obras en el tramo II, el cual atraviesa el corazón del TIPNIS. Se afirma oficialmente que se llevaron a cabo reuniones previas con los indígenas del lugar y que la consulta previa a los vivientes de la zona se la realizó parcialmente y se completará a medida que se trabaje en los tramos I y III. La Subcentral de TIPNIS pide apoyo a su ente matriz la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) para coordinar acciones de protesta contra la construcción del tramo II. Paralelamente, organizaciones como la Sociedad Boliviana de Ingenieros, organizaciones no gubernamentales y medioambientales piden la redefinición del tramo II del proyecto carretero, afirman que existe la posibilidad de bordear el parque. El Gobierno desestima estas alternativas e indica que el financiamiento del Banco de Desarrollo Económico y Social del Brasil (Bndes) está comprometido y el readecuar los contratos implicaría conflictos de intereses con la nación carioca.
A mediados de junio, la Cidob y el Subcentral del TIPNIS demandan al Gobierno la paralización del tramo II y afirman que convocarán a la octava Marcha por la Tierra y Territorio para detener el avance por el TIPNIS. Es durante este periodo que el presidente Morales lanza un ultimátum: “Se construirá la carretera (por el TIPNIS) quieran o no quieran”. Es así que los indígenas deciden llevar a cabo la marcha hacia La Paz para pedir la paralización del tramo II.
La Marcha se inicia el 15 de agosto en Trinidad, con 700 integrantes entre representantes de los habitantes del parque nacional Isiboro Sécure junto a miembros de la Cidob y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), en el camino se sumaron miembros de tierras bajas del Chaco y otros pueblos de tierras altas, el efecto de estas adiciones fue el incremento de peticiones hacia el Gobierno, como la paralización de la extracción de petróleo del parque nacional del Aguarague en el Chaco Chuquisaqueño. La marcha fue encabezada por Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, Fernando Vargas, recientemente nombrado como dirigente de la Subcentral del TIPNIS y Rafael Quispe, dirigente de la Conamaq. Los líderes de la marcha piden al presidente Morales bajar a la marcha para discutir el pliego de peticiones de 16 puntos, el cual antes de la marcha solo pedía la suspensión del tramo II de la carretera por el TIPNIS. Se designa a un primer grupo de ministros (Carlos Romero, ministro de la presidencia, y Walter Delgadillo, ministro de Obras públicas) para negociar con los marchistas, el primer intento de diálogo fracasa.
Durante los siguientes dos meses la sociedad boliviana es testigo de una serie de acusaciones y denuncias por parte del Gobierno hacia los marchistas con nuevos intentos de diálogo fallidos. El tres de Septiembre se instala oficialmente la mesa de diálogo en San Borja, departamento del Beni, la cual llega a un punto muerto al verse que ninguna de las dos partes desea ceder en sus posiciones. El presidente Morales afirma nuevamente que “no hay una ruta alternativa” para la carretera por el TIPNIS. En las ciudades, principalmente en La Paz y Santa Cruz, diferentes grupos de organizaciones y activistas protestan contra el Gobierno por la decisión inalterable de continuar con la construcción del tramo II, nuevamente se presentan propuestas para rutas alternas de la carretera, grupos de jóvenes indígenas y universitarios protestan por la afectación directa de la medida gubernamental contra la forma de vida de los indígenas de tierras bajas del TIPNIS. Se conforman grupos de recolección de víveres para los marchistas, se abren libros de firmas a favor de la protección del parque, las medidas llegan incluso a protestar a las puertas de la embajada del Brasil en La Paz pidiendo la suspensión del financiamiento a la carretera. Durante dicho periodo, se anuncia la llegada del expresidente del Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, invitado por la Embajada de ese país para realizar una serie de charlas y presentaciones motivacionales en Santa Cruz, paralelamente se reúne con el presidente Morales en privado, se conoce que trataron el tema de la carretera.
La marcha indígena cruza el límite departamental e ingresa a los Yungas, zona con fuerte presencia cocalera afín al Gobierno. El 11 de Septiembre la marcha llega a la Embocada, en Yucumo, donde se encuentran con un bloqueo protagonizado por colonizadores quienes impiden el paso, el sector exige a los marchistas que desistan de sus pedidos hacia el Gobierno. El Senador y líder regional del sector colonizador de los Yungas, Fidel Surco, afirma no poder controlar a las bases y cree que se podría llegar a un enfrentamiento si los marchistas persisten con su intención de llegar a La Paz.
La represión policial a la Marcha indígena
El 22 de Septiembre los marchistas llegan al arroyo de Chaparina donde encuentran un nuevo bloqueo compuesto por colonizadores y 400 efectivos policiales al mando del subcomandante de la Policía, el general Oscar Muñoz, quien dirige las operaciones desde Rurrenabaque. La explicación oficial policial de su presencia en la zona es para evitar un enfrentamiento entre los marchistas y colonizadores, extrañamente los mismos efectivos evitan que los indígenas del TIPNIS se reabastezcan de agua, medida que fue duramente criticada por diversos sectores sociales y humanitarios del país.
El día 23 llega al lugar el canciller David Choquehuanca, junto al viceministro de gobierno, Wilfredo Chávez y el viceministro de los movimientos sociales, César Navarro, para mediar entre los colonizadores y los marchistas. Al día siguiente, tras el fracaso en las negociaciones y la frustración por la falta de agua para los marchistas, un grupo de mujeres obliga al canciller a encabezar la marcha para romper el bloqueo policial y de colonizadores en el puente San Lorenzo. Se producen enfrentamientos entre los marchistas y efectivos policiales, hay dos heridos entre los policías, aparentemente por flechas (una declaración posterior afirma que al menos uno de los policías se hirió al caer durante su escape cuando las mujeres marcharon junto al Canciller). Inmediatamente el Gobierno acusa a los marchistas de “secuestrar” a Choquehuanca para utilizarlo como un “escudo humano”. A las pocas horas él es liberado y viaja inmediatamente a La Paz para reunirse directamente con el Presidente (días después, ante un fiscal que investigó los posteriores hechos, el Canciller afirma que en ningún momento fue “secuestrado”, sólo fue obligado a marchar para romper el cerco policial).
El día domingo 25 de septiembre la marcha se instala en los campos de una propiedad privada que les permitió el acceso para pernoctar. Los dirigentes de la marcha reciben una nueva invitación del ministro Romero para reunirse. Alrededor de las cinco de la tarde, mientras los marchistas se dedicaban a sus quehaceres domésticos, un grupo de policías en uniforme antimotines ingresó a la propiedad privada y procedió a detener a los marchistas, el operativo fue apoyado por el uso de agentes químicos los cuales inmediatamente generaron la confusión y la desesperación entre los indígenas. Reporteros y corresponsales internacionales quienes acompañaban a la marcha desde su inicio fueron testigos de un desmedido uso de la fuerza por parte de la Policía, no discriminaron a mujeres ni a niños al momento de aplicar medidas extremas como los golpes con bastones y la detención y amordazamiento con cinta adhesiva. El operativo duró entre 30 y 45 minutos. Aparecieron buses bajo el mando policial donde fueron introducidos algunos de los dirigentes y los marchistas. Otros lograron escapar hacia el monte y librarse de la represión policial. Lamentablemente varios niños que viajaban junto a sus madres se perdieron durante la confusión y violencia reinante (la cultura de tierras bajas tiene muy arraigado el sentimiento de unidad familiar, es por esto que incluso mujeres embarazadas marcharon bajo su propio riesgo).
Varios testigos no oficiales identificaron en el lugar al viceministro Marcos Farfán y al Viceministro de régimen penitenciario, Boris Villegas, junto a oficiales policiales de alto grado quienes aparentemente dirigían el operativo.
Los detenidos fueron trasladados a San Borja y Rurrenabaque donde se pretendía embarcarlos en aviones con destino a sus lugares de origen, dicha medida fue abortada debido al bloqueo de las pistas de despegue por parte de los pobladores de ambas localidades, apoyados por indígenas mosetenes y tacanas. La Policía se vio sobrepasada y horas después del día 26 recibieron la orden de liberar a los detenidos. Hubo más de 200 lesionados entre los marchistas, inicialmente se habló de 37 desaparecidos, incluidos niños menores. La confusión llegó a tal extremo que se emitió la noticia del fallecimiento de un bebé (dato que nunca pudo ser confirmado).
Las repercusiones de la represión policial fueron inmediatas: renuncia la ministra de defensa, Cecilia Chacón. En una escueta carta dirigida al Presidente expresa su profundo malestar por el giro violento que tomó la acción de oficial y pide nuevamente retomar los caminos del diálogo pacífico.
La sociedad en general pidió a través de las organizaciones sociales, los medios de comunicación e instituciones civiles se identifique a los responsables de dichos actos que indignaron a la nación y traspasaron las fronteras. Este evento provocó el mayor escándalo político del segundo mandato del MAS, descompone la imagen del presidente Morales ante la comunidad internacional como defensor de los indígenas a nivel mundial y protector del medio ambiente.
Durante la semana siguiente a la represión renuncian el viceministro Farfán y el ministro Llorenti, se acusan mutuamente de ser los autores intelectuales de los hechos de Chaparina, los medios presionan al ejecutivo para que explique el proceder de este acto y sectores opositores políticos utilizan el hecho para impulsar sus posturas coyunturales (elecciones judiciales) e inician acciones legales contra los aparentes autores materiales e intelectuales. La Policía cae a su nivel más bajo de confianza social, las esposas de los efectivos los defienden y amenazan con motín si se los reprende.
La marcha se reinicia fortalecida por el apoyo popular y la empatía ganada tras los sufrimientos físicos y psicológicos. El Gobierno perdió gran parte del apoyo ciudadano a favor de la carretera y queda sin argumentos valederos para negociar con los marchistas. Finalmente los indígenas, después de 65 días de marcha, llegan a La Paz tras un recibimiento general y desinteresado de los ciudadanos paceños quienes los reciben como héroes. A pesar de la identificación total con la causa indígena, el Gobierno seguía mostrándose reacio a dialogar con ellos, se dieron excusas insulsas como la falta de espacios adecuados dentro el Palacio de gobierno para el diálogo y acciones similares. Solo un evento generó el cambio de actitud del Gobierno y la aceptación de la modificación de la Ley 180 (denominada Ley Corta) para que esta incluya el todavía controvertido término de intangibilidad del TIPNIS y la suspensión del tramo II de la carretera: Un operativo antidrogas descubrió una megafábrica de cocaína dentro el parque nacional y tras un enfrentamiento armado fallece un efectivo policial, dejando sin excusas la presencia del narcotráfico al interior del TIPNIS y la incapacidad policial de controlar a todos los productores de droga en la zona.
Las consecuencias posteriores a la Marcha
Quedan muchas interrogantes relacionadas a la tozudez del Gobierno de construir por medio del TIPNIS, más allá de la factibilidad vial o no de construirla bordeando el parque o por el corazón mismo de ésta. Queda la duda sobre la relación ABC-OAS, los estudios de prefactibilidad, los especialistas contratados para aquello, el precio referencial de 436 millones 229 mil dólares que surge bajo la referencia de otros proyectos carreteros y no de un estudio serio que no contaba con alternativas y costos financieros, económicos y medioambientales y provocó enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC) y el proceso de licitación internacional que vio flexibilizados los términos de adjudicación. No olvidemos que la OAS es un poderoso conglomerado empresarial de un país emergente como es el Brasil y que durante los últimos 20 años reforzó sus contactos políticos con diferentes líderes políticos y sociales de esa nación.
La vigente Ley 180 (Ley Corta) cancela las operaciones del tramo II pero no así de los tramos I y III. El Gobierno determinó continuar con las obras en estos dos tramos, los cuales no tienen sentido sin el controvertido tramo II o hasta que se defina una ruta alternativa. Aún queda la duda sobre de qué es lo que pasará con el contrato con la OAS, con el proyecto caminero y el financiamiento otorgado por el Brasil.
Pero otro punto que debe ser debatido dejando de lado los sentimientos de simpatía por una causa reivindicatoria históricamente esperada y buscando una objetividad racional, es el evidente expansionismo de sectores como los cocaleros y colonizadores, principalmente de de tierras altas, hacia suelos más fértiles como el trópico y la amazonía. Es evidente el crecimiento de productores de la hoja de coca, negocio que aparentemente es fructífero y como toda lógica humana, priorizamos las necesidades en relación a los beneficios, algo que es totalmente comprensible. Lamentablemente, ese expansionismo pone en peligro a otras formas de vida, como la seminómada de aquellos vivientes en tierras bajas: se ven afectadas sus áreas ancestrales de caza y pesca, su relación con su hábitat y su profunda cosmovisión.
El costo político del Gobierno en este conflicto significa no responder a las bases humanas quienes llevaron a Evo Morales a ser Presidente. El sector cocalero se siente tremendamente frustrado al ver que más allá de si podrán o no acaparar nuevas tierras cercanas al trópico cochabambino, como lo es el Parque Isiboro Sécure, la no construcción de esta carretera significa y significó con la promulgación de la Ley 180 una derrota en su identidad como sector, es decir, por muchos años fueron perseguidos y encarcelados y ahora, con la presencia de su máximo líder sindical como Presiente del país, ¿de qué sirve tener el poder sino se pueden modificar las leyes para lograr un beneficio a su sector?.
Pero se aprende con cada derrota, el sector se movilizó durante los términos finales de la octava marcha indígena y posterior a la promulgación de la Ley 180, comprendieron que la mejor forma de lograr sus objetivos es imitando las acciones de los otros. La actual marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) que empezó el pasado 17 de diciembre y llegó hoy a La Paz, no goza del apoyo popular demostrado con la marcha por el TIPNIS, pero sí sirve de excusa para lograr la modificación de la Ley 180. Es más, el término cocalero perdió legitimidad social y adquirió connotaciones algo peyorativas, es por esto que se acuñó la designación de interculturales para describir a quienes no son originarios del lugar, pero sí vivientes de un área compartida.
Algo más quedó totalmente evidenciado con todo el proceso de la octava Marcha indígena, la relación Evo Morales e indígenas de tierras bajas se quebró y hará falta mucho para recomponerla.
